Proyecto sobre propiedad urbana en la Barcelona revolucionaria

Apenas son diez hojas de papel, y sospecho que la última se ha perdido. Cogidas con dos grapas hoy maltrechas. Redactadas con cuidado y atención, tienen algún tachón fruto de una corrección de última hora. Escondidas con mimo durante casi un siglo en algún cajón o en cualquier sótano. Amarillas por el paso del tiempo, sin embargo conservan, aquí y ahora, la misma frescura y actualidad del momento en el que fueron escritas, seguramente en los primeros meses de la Guerra Civil.

Para ser un texto tan corto, tiene un nombre demasiado largo: “Proyecto de sindicación de la Propiedad Urbana que presenta a la Ponencia el Sindicato de Profesionales Liberales, Sección de técnicos administrativos de la Propiedad Urbana, encuadrada en la Confederación Nacional del Trabajo” de Barcelona. Había que ser muy preciso con el lenguaje.

Este puñado de hojas resume lo que fue la revolución social impulsada por CNT desde julio de 1936. No se hizo para imponer un dogma o para exaltar una ideología. Ni tampoco pretendía un simple relevo de autoridades. Aspiraba a dar la vuelta a la vida de las clases populares en aquella España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía de la que hablaba Antonio Machado. Aquella España en la que el “vicio de origen burocrático y político” hacía ineficaces aquellos “proyectos basados en el bienestar de la antigua clase modesta, como son entre otros el de la vivienda y los abastos, despilfarrando en cambio sus caudales en fastuosidades de orden burgués vacías de todo contenido social”. Pura modernidad.

Desde su primer párrafo no puede ser más elocuente: la CNT “fue la iniciadora y propulsora del sistema revolucionario más formidable que han conocido los tiempos, cual es el de la incautación de la Propiedad Urbana a favor del Patrimonio Popular, para implantar un régimen de justicia social al elevar los elementos de vida del pueblo productor a costa de los bienes y privilegios de la burguesía, cuya raigambre se pierde en la noche de los tiempos”.

Frente a quienes proponían que las fincas urbanas incautadas a sus antiguos propietarios fuesen adscritas y gestionadas por los Ayuntamientos, este documento defendía que pasasen a ser controladas exclusivamente por los sindicatos, “ya que todo el pueblo productor se halla alistado bajo sus banderas y ha combatido y combate entregando sus vidas a cambio de una redención proletaria”. Añadía que eran los sindicatos quienes estaban mejor capacitados para solucionar “tan arduo problema” de la vivienda.

Frente a la actual limitación del coste del alquiler, se proponía la limitación de las rentas que los antiguos propietarios percibirían de la gestora sindical de sus antiguas fincas. Frente a la dependencia de las hipotecas y sus exigencias que hoy sufre quien quiera comprarse una casa, se declaraba que éstas eran “cargas pasajeras nacidas de la usura, que debe castigarse hasta el último reducto”. Y frente al vigente tratamiento impositivo de la vivienda, se postulaba la creación de un Impuesto Único, anticipado por el economista estadounidense Henry George. Lo llaman utopía; fue realidad.